MURCIA. El Gobierno de España y el Ayuntamiento de Murcia chocan frontalmente por la creación de las Juntas de Seguridad de Distrito. La Delegación del Gobierno ha anunciado que impugnará el acuerdo adoptado por parte la Junta Local de Seguridad del Consistorio murciano para constituir las llamadas Juntas Locales de Distrito porque considera que es "contrario al ordenamiento jurídico".

El organismo que encabeza el socialista Francisco Lucas argumenta que la decisión es "carente de cualquier tipo de informe previo que lo justifique" y aduce que "tiene una intención y motivación puramente política, pues, en contra de lo que sostiene el propio ayuntamiento, lejos de fomentar y potenciar la coordinación policial, menoscaba la seguridad ciudadana".

El Gobierno reacciona así tras la reunión de la Junta Local de Seguridad de Murcia, que este este jueves aprobaba la creación de este órgano con el voto en contra de la propia Delegación del Gobierno, Guardia Civil y Policía Nacional.

Las Juntas de Seguridad de Distrito aprobadas son "un nuevo instrumento para acercar la planificación y coordinación de la seguridad a los barrios y pedanías del municipio, adaptando la respuesta policial a las necesidades específicas de cada territorio", como así la definen desde el Ayuntamiento.

De esta forma, el municipio capitalino quedará organizado en ocho Juntas de Seguridad de Distrito, que buscan reforzar la coordinación entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil y que "abarcarán la totalidad de los barrios y pedanías de Murcia y permitirán desarrollar una planificación de la seguridad más próxima, participativa y ajustada a las necesidades reales de cada territorio".

Las razones del Gobierno

Sin embargo, el Gobierno central alega que la seguridad pública requiere "reserva, unidad de criterio y protección de la información sensible", por lo que las Juntas de Seguridad de Distrito, "tal como pretende el ayuntamiento, no pueden convertirse en órganos generales de participación vecinal ni en foros abiertos de reivindicación territorial, sino en órganos dependientes de la Junta Local de Seguridad", exponen desde la Delegación en un comunicado.

La propuesta municipal prevé la asistencia de los presidentes de las Juntas Municipales de los barrios y/o pedanías, colectivos, asociaciones o agentes sociales convocados por la Presidencia, lo que "vulnera la debida cautela en la exposición de información operativa, datos policiales, análisis delincuenciales o previsiones de dispositivos que, por su naturaleza, deben quedar restringidos a los responsables institucionales y policiales competentes".

La legislación, añaden desde Teniente Flomesta, prevé que el ámbito de la participación ciudadana se canalice a través de la constitución, potestativa, de los Consejos Locales de Seguridad, “a los cuales serán invitados representantes de asociaciones ciudadanas, organizaciones empresariales, sindicatos y otras instituciones o sectores que conformen el tejido social” (Art 13 RD 1087/2010).

Asimismo, entienden que la seguridad pública debe planificarse con visión de conjunto, especialmente en un municipio como Murcia, donde la continuidad territorial entre casco urbano, pedanías, zonas periurbanas, vías de comunicación, áreas comerciales, zonas de ocio y espacios rurales "exige una respuesta integral".

Por todo ello justifican que los distritos municipales de Murcia "no coinciden con el despliegue territorial real de la Guardia Civil y la Policía Nacional", pues la división municipal en distritos responde a "criterios de participación y organización administrativa local, pero no se corresponde con las demarcaciones policiales".

La creación de ocho Juntas de Seguridad de Distrito puede "fragmentar el análisis de la criminalidad, la planificación preventiva y la coordinación operativa"

Las Juntas Locales de Seguridad tienen, como dispone el art 2 del RD 1087/2010, una naturaleza jurídica concreta, y en ella sólo pueden tener cabida las autoridades y fuerzas y cuerpos de seguridad con competencias en materia de seguridad ciudadana.

Las Juntas de Seguridad de Distrito tienen una naturaleza jurídica análoga a las Juntas Locales de Seguridad, tal y como se desprende de los arts. 15 a 19 del RD 1087/2010 (en particular, del art. 17). "Es decir, en éstas solo han de tener cabida las autoridades y fuerzas y cuerpos de seguridad con competencias en materia de seguridad ciudadana".

La adopción de este acuerdo es "contraria al ordenamiento jurídico", pues supondría "una perversión de la finalidad de estas juntas de seguridad de distrito, en tanto que su naturaleza jurídica limita que su composición quede restringida a quienes ostentan competencias en el ámbito de la seguridad ciudadana". 

Lo contrario "podría suponer un riesgo para un el bien jurídico protegido, la seguridad ciudadana, puesto que la información en esta materia es sensible al estar vinculada directamente a los operativos de las FFCCSS". 

El Ayuntamiento defiende que es un "avance histórico"

Sin embargo, el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, defendía que la aprobación de estas juntas supone "un avance histórico para seguir construyendo una Murcia más segura", porque les "permite acercar la toma de decisiones a cada barrio y pedanía y responder de forma más rápida, eficaz y ajustada a la realidad de cada zona".

Perona esgrime que "la seguridad no puede planificarse igual en todos los territorios de un municipio tan amplio y diverso como Murcia. Las necesidades de una zona urbana no son las mismas que las de una pedanía de huerta o de campo, y estas juntas nos van a permitir disponer de información directa y permanente para adaptar mejor los recursos y la presencia policial".

El PP replica: "Murcia reúne los requisitos"

El PP, en respuesta a la Delegación del Gobierno, alega que las Juntas de Seguridad de Distrito constituyen un instrumento previsto expresamente por la legislación estatal para municipios con la extensión y realidad territorial de Murcia, por lo que rechaza la impugnación de la Delegación del Gobierno de España anunciada este jueves.

El artículo 15 del Real Decreto 1087/2010, señalan, recoge la creación de estas juntas en municipios cuyas características demográficas y organizativas así lo aconsejen. "Murcia, con cerca de 900 kilómetros cuadrados, 67 juntas municipales y 59 pedanías, reúne plenamente esos requisitos", defienden.

Las Juntas de Seguridad de Distrito, insisten, "no sustituyen ni alteran las competencias de la Junta Local de Seguridad ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Remarcan que dependen de la Junta Local de Seguridad y, conforme al artículo 18 del Reglamento, todos sus acuerdos deberán ser ratificados por ella. Asimismo, el artículo 19 establece que únicamente ejercerán las competencias que ésta les encomiende.

Respecto a la participación de representantes vecinales, la interpretación realizada por la Delegación del Gobierno "tampoco se corresponde con el contenido del Reglamento". Así lo argumentan: "El artículo 17 dispone que el funcionamiento de las Juntas de Seguridad de Distrito se ajustará, con sus peculiaridades, al régimen previsto para las Juntas Locales de Seguridad. Y el artículo 5.3.b) establece expresamente que podrán asistir, sin participar en la adopción de acuerdos y previa invitación de la Presidencia, otras autoridades, funcionarios o cualquier persona cuya presencia resulte conveniente por razón de los asuntos a tratar".

Los popualares exponen además que el propio Reglamento permite la asistencia, con voz y sin voto, de otras personas invitadas por la Presidencia cuando la naturaleza de los asuntos así lo aconseje, por lo que la participación de los presidentes de las juntas municipales para trasladar las necesidades de seguridad de sus barrios y pedanías "se ajusta plenamente a la normativa".

La edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo y portavoz del PP, Mercedes Bernabé, recalcó que estas juntas responden a una reivindicación histórica de las juntas municipales y de las asociaciones vecinales, además de ser un compromiso asumido por el Equipo de Gobierno.

"No se puede gestionar la seguridad de un municipio de casi 900 kilómetros cuadrados como si todos los territorios tuvieran los mismos problemas. Quienes mejor conocen las necesidades de cada barrio y pedanía son sus vecinos y sus representantes, y eso es precisamente lo que queremos incorporar para mejorar la prevención y la coordinación", adujo.

"Una iniciativa transversal, no partidista"

Bernabé tacha de "incomprensible" que la Delegación del Gobierno vote en contra de una herramienta prevista en la legislación estatal y "demandada durante años por las propias juntas municipales", incluso por representantes de distintos grupos políticos. "Mientras el Ayuntamiento y el Gobierno regional impulsan medidas para reforzar la seguridad en todo el municipio, la Delegación del Gobierno intenta impedir la puesta en marcha de un instrumento legal cuyo único objetivo es mejorar la respuesta a los vecinos de barrios y pedanías y menosprecia a los pedáneos, que son los que mejor conocen la realidad y necesidades de sus vecinos", razonó.

A su juicio, "resulta difícil calificar esta iniciativa como política cuando ha sido reclamada por Juntas Municipales presididas por representantes del Partido Popular, del Partido Socialista y de Vox". Su objetivo, concluyen, "es mejorar la seguridad y adaptar la respuesta policial a las necesidades reales de un municipio tan extenso y diverso como Murcia".