El Puerto de Cartagena ha aprobado una nueva normativa que regula cómo se presta el servicio de remolque de buques, una actividad clave para el funcionamiento diario de sus instalaciones y para garantizar la seguridad en sus operaciones.

Este servicio, que consiste en ayudar a los barcos a maniobrar dentro del puerto mediante remolcadores, es fundamental para asegurar las entradas, salidas y movimientos de grandes embarcaciones sin riesgos. Se trata de una labor técnica, pero imprescindible en un puerto con tráfico constante.

El nuevo pliego establece las condiciones que deben cumplir las empresas que quieran prestar este servicio. Para poder operar, será necesario obtener una licencia de la Autoridad Portuaria, acreditando tanto solvencia económica como capacidad técnica. Además, el sistema permite la libre concurrencia, lo que abre la puerta a varias empresas siempre que cumplan los requisitos.

En concreto, las empresas deberán disponer de al menos cinco remolcadores y personal cualificado para garantizar un servicio continuo las 24 horas del día durante todo el año.

El documento también regula con detalle la calidad del servicio. Se fijan tiempos máximos de respuesta -30 minutos en la zona principal del puerto y 60 minutos en el resto- y se establecen límites estrictos en retrasos o incidencias. Si estos estándares no se cumplen, se prevén penalizaciones económicas e incluso la retirada de la licencia en los casos más graves.

En el ámbito económico, el pliego introduce un sistema de tarifas máximas reguladas. Las empresas podrán competir en precios, pero sin superar esos límites. Además, se contemplan tarifas específicas para situaciones como emergencias, salvamento o lucha contra la contaminación.

Para operar, las empresas deberán asumir importantes compromisos económicos: una garantía mínima de 300.000 euros, un seguro de responsabilidad civil de al menos un millón de euros y la cobertura de todos los costes del servicio, desde combustible hasta mantenimiento.

En cuanto a los plazos, las licencias tendrán una duración de hasta 10 años, con posibilidad de renovación. En caso de renuncia, será obligatorio avisar con nueve meses de antelación para no afectar al funcionamiento del puerto.

Otro de los pilares del nuevo modelo es la seguridad y el medio ambiente. Las empresas deberán estar preparadas para intervenir en incendios, salvamentos o vertidos, además de cumplir con normativas ambientales y sistemas de gestión sostenible.

En definitiva, esta nueva regulación busca asegurar que el servicio de remolque en Cartagena funcione con criterios claros: seguridad, eficiencia, control de precios y exigencias técnicas en un entorno cada vez más complejo.