Foto: EP. MURCIA (EFE). La Región de Murcia no aplicará la nueva ley de Vivienda si Fernando López Miras renueva como presidente. Así lo ha asegurado este martes el líder del Ejecutivo, pues ha confirmado que la Comunidad no pondrá en marcha la nueva legislación en todos aquellos aspectos que dependan de la regulación y desarrollo regional porque, en su opinión, se trata de una norma que “ha nacido como un fiasco, como una chapuza” y que “ataca la propiedad privada”.
En ese sentido, ha insistido en que esta ley “legaliza y potencia la ocupación” sin tener en cuenta las condiciones de los propietarios, que no podrán echar de su vivienda a un inquilino que deje de pagar el alquiler en un plazo de dos años.
Así, un inquilino, “solo con justificar que tiene una necesidad social, podrá ocupar la propiedad privada de otra persona”, con lo que el Estado está trasladando su responsabilidad de mantener a quienes están en riesgo de exclusión a los propietarios de viviendas, ha insistido durante una entrevista en Telecinco.
“Es una ley que nace muy mal y terminará muy mal”, ha resumido, tras considerar que este tipo de normas “tan importantes” para el conjunto del país y que deben desarrollar y aplicar las comunidades deben aprobarse en consenso con estas, algo que no ha sucedido.
Con respecto al agua, Miras ha defendido que en España hay “suficiente para todos”, por lo que ha reivindicado la necesidad de “sentar a todas las comunidades autónomas en la misma mesa” para hacer un balance de las reservas hídricas disponibles y una distribución de eso recursos, tal y como se planteó en los años 90 con el Plan Hidrológico Nacional y como están haciendo otros países como Estados Unidos o Chile.
Además, ha defendido la gestión que la Región de Murcia hace del agua, ya que, tras tres décadas de inversiones, ha dicho, cultivar una hectárea consume la mitad de agua que en el resto de España por la modernización y tecnificación de regadíos.
En cuanto a la depuración y reutilización de aguas residuales urbanas, llega al 99 por ciento del total, frente al 4 por ciento de Europa, el 9 por ciento de España o el 85 por ciento de Israel, país pionero en esa materia.
Se ha referido también a la contaminación en el Mar Menor y ha asegurado que en la actualidad, y tras la aprobación de la ley regional de protección de la laguna salada, no llega a ella “ningún vertido procedente de ninguna actividad económica o social”.
Sin embargo, sí se están produciendo por el elevado nivel freático del acuífero que atraviesa el campo de Cartagena y que ha convertido la rambla del Albujón, que desemboca en la laguna, en “el segundo río más caudaloso” de la comunidad autónoma.
Por ello, ha insistido en que es necesario descargar ese acuífero, lo que es competencia del Estado, al que ha recriminado que desviase 55 millones procedentes de la Unión Europea para ese fin a obras en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Las soluciones basadas en la naturaleza que propone el Ministerio para la Transición Ecológica para descargar el acuífero, ha lamentado, no conseguirán ese objetivo hasta al menos dentro de una década.
Ha denunciado también la falta de voluntad política del Estado para potenciar el AVE, que ha calificado como “un gran fracaso”, tanto por la tardanza en ponerlo en marcha como por sus características, con solo cuatro conexiones diarias con Madrid, precios muy elevados, de hasta 150 euros, ha dicho, y tiempo de viaje excesivo, con 3:30 horas para cubrir 400 kilómetros.
Ese panorama, ha lamentado, contrasta con la realidad de Alicante, “a solo 40 minutos en coche” de Murcia, y donde el AVE presta 17 servicios diarios con Madrid, con billetes a partir de 9 euros y un tiempo de viaje de 2 horas.
De cara a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, ha reiterado la intención de su partido de obtener una mayoría suficiente para gobernar en solitario y poder ofrecer “un gobierno estable”.
Si, como apuntan las encuestas, el PP obtiene más escaños que todo el bloque de la izquierda, “el PP estaría legitimado para formar gobierno en solitario” y habría que preguntar a Vox “si está dispuesto a bloquear la investidura votando en contra con PSOE y Podemos”, ha zanjado.
